dijous, 18 / març / 2010
La diputada regional del Partido Popular de Extremadura y portavoz de Dependencia en la Asamblea de Extremadura, Cristina Herrera, asegura que en la región hay "más de 6.000 personas" esperando recibir la prestación que les corresponde al amparo de la Ley de la Dependencia.
Además, según Herrera, actualmente hay un "retraso importante" en el pago de las prestaciones por asistencia personal. En concreto, dice que estas personas "llevan más de dos meses y medio sin ser pagadas".
De esta forma, durante una comparecencia de prensa ofrecida en Don Benito, la diputada 'popular' denunció la "desidia" con la que funciona el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).
En este sentido, instó a la Consejera de Sanidad y Dependencia o al gerente del Sepad "que no cobrase ellos hasta que se le pague a la última persona a la que se tiene que pagar".
Igualmente, acusó a la Junta de Extremadura de gobernar de forma "sectaria" tras exponer que recientemente el gerente del Sepad, Juan Carlos Campón, se ha reunido en Don Benito con alcaldes y concejales socialistas de la comarca "para darles una información que a nosotros (PP), desde la Asamblea de Extremadura, se nos ha negado al día de hoy".
En concreto, Cristina Herrera declaró que el PP solicitó, en el marco de la Comisión de Pacto por la Dependencia, información sobre el grado de implantación de la Ley de la Dependencia y que la respuesta se limitó a un informe de "tres páginas".
Por otro lado, la portavoz de Dependencia del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha criticado que la "descoordinación" con la que Junta de Extremadura está aplicando la Ley de la Dependencia está provocando que haya "usuarios a los que se les está atendiendo por dos partes" al recibir al mismo tiempo, por ejemplo, un servicio de ayuda a domicilio municipal y una prestación por la Ley de la Dependencia.
Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales y Familia de Don Benito, Juan Bravo, criticó que el Sepad "sólo sirve para la creación de nuevos altos cargos" ya que, en su opinión, "no era necesario" si se hubieran "optimizado" los recursos locales que ya están funcionando a través de los servicios sociales de Base.